sábado, 12 de noviembre de 2011

PLATA FACIL- DANIEL MUCHNIK

CAPITULO  5: Democracia con "buena rentabilidad"
Pasada la guerra de Malvinas se evidencian las turbias vinculaciones entre corrupción política, el mundo de los negocios y el peso y la ambición de los militares. Muchos ciudadanos buscaban incorporarse al mundo de los ejecutivos. Ejemplo de esto fue SMC, la sociedad de importación-exportación que fundó Víctor Alderete en asociación con Guillermo Suárez Mason y Ramón Camps.
En 1983 cientos de estos ciudadanos hacían negocios como si nada hubiera ocurrido.
1983 Alfonsín asume la presidencia, presentando la imagen de un partido rejuvenecido a una sociedad cuya estructura había cambiado: el sindicalismo estaba desacreditado, el peronismo había perdido sus bases populares, estaba “desgastado” y el Estado era visto como ineficiente y ominoso. Ya no era sencillo encontrar opciones representativas.
Mientras lo tuvo, el liderazgo de Alfonsín fue “racional” en oposición al “carismático” de Perón.
El Justicialismo liderado por Ítalo Luder era asociado a la violencia setentista y a la colaboración de algunos de sus dirigentes con la dictadura. Este fue el punto que Alfonsín denuncio cada vez que pudo.
La heterogeneidad de los votantes de Alfonsín se debía al desencanto de la sociedad hacia las opciones tradicionales.
Bernardo Grinspun accedió al cargo de Ministro de Economía, más por su amistad con Alfonsín que por su capacidad.
Los números de la economía reflejaban un drástico achicamiento del sector manufacturero y un explosivo crecimiento del área servicios. El salario real había disminuido. El gasto público consumía el 50% del PBI que ya no crecía.
Las pequeñas y medianas empresas, máximas generadoras de empleo, cesaron en su mayoría tras el paso de Martínez de Hoz.
Algunas firmas sobrevivieron a costa de la venta de parte de sus activos fijos o achicando estructuras (eliminando las áreas  de investigación y desarrollo, dejando desempleados a ingenieros y técnicos de nivel internacional).
Grinspun fue a contrapelo de la corriente económica mundial. Además no podía respaldarse sobre un Estado crónicamente deficitario, ni sobre un sector productivo atribulado sin el apoyo de una burguesía emprendedora y dispuesta a todo.
El objetivo redistributivo de Grinspun seguía una lógica política y social pero los efectos de la recomposición del poder adquisitivo del salario –que en 1984 creció un 25%- fueron pocos eficaces, en un contexto en el que los empresarios poderosos especulaban, expectantes, afectados por la inercia inflacionaria. Con los años pudo verse que la lectura que hizo Grinspun fue errónea y que las medidas que tomó sólo agravaron los problemas.
El intento fallido del radicalismo por democratizar las estructuras sindicales lo obligaron no sólo a negociar con los eternos dirigentes, sino a demostrar los primeros signos de flaqueza. Para los empresarios esto fue una señal de que la amenaza sindical-peronista se mantenía viva y con poder.
Grinspun tomó a la UIA (Unión Industrial Argentina) como interlocutora del empresariado convencido de que era representativa. Los grandes empresarios recelaron de esto. A poco de andar la central patronal comenzó a hacer oposición al gobierno, acercándose incluso a la CGT. La central obrera reaccionó con un paro general para el 3 de Septiembre de 1984.
El canciller Caputo y el secretario de Industria Carlos Lacerca consideraban que no era posible gobernar sin tener en cuenta los intereses económicos dominantes. Intentaron armar una nueva institución “a la brasileña” pero no se materializó. Cayó la inversión en la construcción.
Alfonsín y Grinspun eran asesorados por Presbich, responsable del acercamiento entre el gobierno radical y las instituciones financieras internacionales. Dada la categoría de nación habitada por “locos, violentos e imprevisibles” ganada con la guerra de Malvinas, la dureza de los organismos financieros se hacía sentir.
Panorama negro del momento: una oposición que se rearmaba, sindicalismo en pie de guerra.
La deuda externa se revelaba pero Grinspun fue dilatando sus encuentros con el FMI. Consideraba que la deuda no podía pagarse cuando el país recibía cada vez menos ingresos por sus productos de exportación. Las propuestas y definiciones que tuvo resultaron inadmisibles para el FMI.
“Los notables”, un grupo de economistas ortodoxos vinculados a grandes empresas y grupos financieros recomendaron aceptar la asistencia del FMI a partir de un programa de reformas estructurales.
En marzo de 1984 Alfonsín sorprendió nombrando secretario de estado a Hugo Barrionuevo, dirigente sindical dialoguista, para normalizar las elecciones en los sindicatos. Gran giro de la UCR al comenzar a acordar con aquellos que no podía doblegar. Fin de la estrategia de confrontación.
Tres meses después Grinspun tuvo que aceptar las condiciones del FMI para obtener un crédito stand by que ayudó a mejorar los vínculos con la inversión extranjera y aliviar la fiebre del índice de precios.
Bajo la dirección de Sourrouille, los técnicos reemplazaron al ministro “desactualizado”. Sourrouille convocó a los empresarios más poderosos del país para dialogar y concertar el rumbo económico. Durante el primer semestre de 1985 se concretaron las primeras reuniones con los empresarios que terminarían dando forma a un grupo inorgánico –no institucional- en el cual la administración de Alfonsín depositó sus esperanzas. Pero los “capitanes de la industria” nacieron para conservar sus posiciones, para asegurarse que la democracia no perturbara la forma de hacer negocios que los había depositado en la cumbre del poder económico.
Concentración de empresas producto de la dictadura militar.
En general puede decirse que “los capitanes” pertenecían al sector productivo mientras que el sector financiero seguía representado por el CEA (Consejo Empresario Argentino). Sin embargo la concentración económica y las ramificaciones de los grupos irían desdibujando fronteras, incluso las que separaban liberales de nacionalistas.
Alfonsín los convocó para que ratificaran su apoyo incondicional al sistema democrático, dados los primeros intentos golpistas. Como contrapartida los empresarios solicitaron cambios en el rumbo de la economía. No casualmente cuatro días después pidió a la multitud congregada en apoyo a la democracia, apechugar frente a las desventuras de una “economía de guerra”.
Horas antes de anunciar por los medios el Plan Austral el ministro de economía se reunió con catorce empresarios para anticiparles las nuevas medidas. A diferencia de su antecesor, Sourouille reconocía que el Estado no estaba en condiciones de motorizar por sí solo un proceso de acumulación. Por eso apelo a que el empresariado se comprometiera con el plan.
La fórmula de “ajuste positivo” tenía como eje el incremento de la inversión y de las exportaciones. El Estado se retiraba como agente impulsor del crecimiento y ponía el futuro del país en manos de la iniciativa privada. Hacia adentro endureció los controles del gasto público y se congelaron los ingresos del personal a la estructura del Estado.
Estabilidad y crecimiento eran metas diferentes y complementarias.
El Plan combinaba orden fiscal y congelamiento de las variables económicas, la creación de una nueva moneda –Austral- y conversiones que eliminaban los intereses implícitos en créditos y deudas contraídos hasta la puesta en vigencia del nuevo plan: la “tabla de desagio”.
Para acrecentar los ingresos de las cuentas públicas se elevaron los tributos al consumo y se difundió un sistema de ahorro obligatorio. Se anunció que el déficit público se cubriría con crédito externo, hasta un tope del 2% del PBI y no con emisión monetaria.
Se intentaba imponer un ritmo gradual que contemplara los condicionamientos externos sin sacrificar el mercado interno. El Plan Austral tuvo un comienzo auspicioso y un gran apoyo  popular. La inflación se detuvo abruptamente y la economía parecía encaminarse. Se alentó la actividad de los intelectuales en la vida política y en el gobierno.
En la imaginación de Alfonsín se formaba la idea del “Tercer Movimiento Histórico”, con la incorporación de los sindicalistas del “grupo de los 15” y hasta su posible reelección. Pero el Plan Austral comenzó a fracasar y las reformas estructurales no llegaron.
Ocho meses después de la implementación del plan y para frenar los “deslizamientos” de precios y el rebote inflacionario, Sourrouille anuncio la ejecución de la Primera Fase de la Segunda Etapa, el lento descongelamiento de la economía.
Pérdida de confianza en la nueva moneda. Los empresarios se refugiaron en el dólar.
La segunda fase de Sourrouille se compuso de mecanismos monetarios ortodoxos: altas tasas de intereses para desalentar la compra de divisas, atraso en las transferencias a las provincias, retraso salarial del sector público. Se decretó un nuevo congelamiento de precios para detener la espiral inflacionaria y el equipo económico volvió a anunciar que aún estaban incumplidas las medidas de fondo.
Por esta época estalló el escándalo por los regímenes de Promoción Industrial de Tierra del fuego, las empresas fantasma en San Luis, este negocio enriqueció a la corte de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saa –senador nacional y gobernador de la provincia- mientras el pueblo de San Luis seguía sumido en la pobreza.
No todos los que compraban permisos  establecían en esas provincias empresas de verdad.
La frontera entre política y negocios se ha ido borrando totalmente.
Más allá de los escándalos el radicalismo continuaba dialogando con los “capitanes de la industria”. Hacia 1988 los “Capitanes” comenzaron a reunirse con Menem,  quien había derrotado en las primeras elecciones internas del Justicialismo a Antonio Cafiero.
Carlos Menem, que siempre mantuvo buenas relaciones con el poder central y vio beneficiada su provincia con la Promoción Industrial, aparecía con chances ciertas para llegar a la presidencia.
El Plan Primavera que se presentó luego del desmoronamiento del Austral, surgió de un proyecto apurado, el “Programa para la Recuperación Económica y el Crecimiento Sostenido”.
Ya no había energía ni convicción para una transformación económica profunda y a largo plazo.
La debilidad política del radicalismo hacía utópico un progreso.
Al abrir la economía a la competencia internacional, el plan buscaba exportar más, lograr competitividad y aliviar la presión que el sector privado ejercía sobre el Estado a través de subsidios, tipo de cambios preferenciales, exenciones y regímenes especiales.
Para el sector externo se decidió entonces:
1)                 La extensión y automatización del régimen de admisión temporaria.
2)                 La eliminación de los derechos de exportación sobre 800 productos del nomenclador arancelario.
3)                 El programa de reintegro de los impuestos indirectos contenidos en las exportaciones compatibles con el GATT.
4)                 La reducción de los aranceles de importación sobre el hierro, el acero, productos petro y agro químicos y derivados del papel.
5)                 Se fijó un tipo de cambio competitivo y desdoblado –con promesa de unificación futura-
6)                 Se redujeron los aranceles de importación en un promedio del 30%.
7)                 Se eliminaron subsidios.
8)                 Se facilitó la exportación de las Pymes.

El déficit crónico de las abultadas finanzas del estado era el principal obstáculo para cualquier plan estabilizador. Se dispuso el siguiente ajuste:
1)                 Implantar un sistema de ahorro obligatorio e incrementar la tasa de impuesto al cheque.
2)                 Crear impuestos sobre los combustibles y sobre las tarifas telefónicas para equilibrar las  cuentas al sistema previsional.
3)                 Aumentar los impuestos internos y de sellos.
4)                 Instrumentar sistemas de impuestos federales entre provincias y Nación.
5)                 Aumentar las tarifas de las empresas públicas para mejorar su financiamiento. Controlar el gasto y comenzar a desmonopolizar y desregular las actividades en algunas de ellas.
6)                 Estudiar la factibilidad de la privatización parcial y selectiva de Aerolíneas Argentinas, ENTEL y Ferrocarriles Argentinos.
7)                 Modificar la ley de “Compre nacional”.
8)                 Racionalizar la planta de empleados públicos a través de un régimen de retiros voluntarios.

La reciente ley que autorizaba las negociaciones salariales libres desligó al gobierno de negociar en forma directa con los sindicatos.
El mayor peso  en la tarea de controlar la inflación recayó sobre la política monetaria. Manejando la oferta de dinero mediante la licitación periódica de divisas que efectuaba el Banco Central y sosteniendo la paridad cambiaria desdoblada en tres-dólar comercial, financiero y turístico- el estado vigilaba la compra-venta y la liquidación de divisas de los exportadores.
La diferencia de precio entre el dólar comercial y el financiero transfería recursos al sector público, reimplantando, indirectamente, retenciones al sector agroganadero. Así el campo cargaba con el desequilibrio del mercado financiero.
El enojo y el boicot rural y el retraso del tipo de cambio fueron detonantes del estrepitoso final.
El episodio tuvo una fuerte repercusión en los medios y en la opinión pública.
La tensión creció a fines de octubre cuando se avivó la pulseada por la coparticipación federal, que los gobernadores justicialistas consideraban insuficiente. Primeros signos de descontrol, desconfianza y oposición agresiva de los peronistas, a pesar que los resultados de las medidas antiinflacionarias alcanzaron en noviembre sus mejores índices.
Si bien las actividad productiva se había debilitado, las cuentas públicas se equilibraron gracias al diferimiento de pagos previsionales y a proveedores.
El debate público sobre el precio del dólar y el estancamiento de las negociaciones externas generaron un nuevo recalentamiento del mercado financiero que se intentó apaciguar con una fuerte alza de las tasa de interés, lo que irritó a los industriales.
-Alzamiento militar de Villa Martelli
-Alzamientos de los “carapintada”
-Copamiento del Regimiento III de Infantería en La Tablada y la siguiente “retoma” de violencia de las fuerzas de seguridad.
No fueron problemas políticos menores.
Fin de la “Primavera”, el 6 de febrero de 1989 El Banco central se quedó sin divisas y se retiró del mercado. El desconcierto dominó la escena social. Se disparó el dólar y las corridas fueron incontenibles a pesar del feriado bancario.
Carlos Menem, ya en contacto con Alvaro Alzogaray, prometía en caso de triunfar un dólar alto y libre, una política sin retenciones. Ante la inminencia del fin, los “capitanes de la industria” retiraron su apoyo al radicalismo. El gobierno estaba jaqueado antes de las elecciones tal como deseaba y convenía al peronismo.
Dos semanas antes del comicio Alfonsín sacrificó a Sourrouille. Asumió Pugliese, respetado por todos los sectores. Aplicó medidas paliativas.
14 de mayo de 1989 el binomio Menem-Duhalde se impuso.
Menem y Alfonsín se reunieron con el fin de que el Justicialismo avalara las medidas económicas y trajera calma a los mercados pero la lógica política indicaba que había que dejar que el radicalismo se hundiera.
Al final de la gestión de Pugliese el dólar valía cuatro veces más, el déficit fiscal lcanzaba dimensiones colosales.
Primeros saqueos en el mercado Supercoop de Cordoba, justificado en el imaginario social por el proceso de empobrecimiento.
Los saqueos se sucedieron en el gran rosario, Buenos Aires y Mendoza, dejando una decena de muertos, detenidos y la imposición del estado de sitio por 30 días.
Pugliese pasa al ministerio del interior y es reemplazado por Jesús Rodríguez. En seis semanas se dolarizó la economía aunque esto no dio certidumbre a los mercados.            
Con el triunfo del peronismo empresarios, intelectuales y otros ciudadanos pensaron en exiliarse e incluso lo hicieron.                                      

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